02:40 PM Bruselas/Praga.- El Tratado de Lisboa que reforma las instituciones europeas entrará en vigor el 1 de diciembre, después de que hoy se desvanecieran las resistencias de la República Checa, el último país de la UE que faltaba por ratificarlo.

El euroescéptico presidente checo, Vaclav Klaus, estampó su firma en el tratado, una vez que la Corte Constitucional del país desestimara un recurso presentado por senadores conservadores, con el argumento de que no contraviene su Carta Magna.

"El Tribunal Constitucional constata que, con este veredicto, se resuelven todas las dudas sobre el acuerdo del Tratado de Lisboa con el marco constitucional y se eliminan todos los obstáculos formales para su ratificación".

En una breve alocución en el Castillo de Praga, Klaus, que bloqueaba desde hacía meses la ratificación que el Parlamento aprobó en mayo pasado, asumió la decisión del Constitucional, aunque sin dejar de mostrar su desacuerdo, reseñó Efe.

"No puedo estar de acuerdo con la calidad jurídica (de la decisión). La sentencia no es un análisis neutral sino una apología política del Tratado de Lisboa", señaló.

Mientras tanto, los senadores euroescépticos confirmaron que estudian plantear una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por considerar que no hubo una vista justa, según indicó hoy su representante, Jiri Oberfalzer.

Dos horas después que Klaus firmara, el primer ministro, Jan Fischer, anunció que había suscrito también el documento comunitario, otro de los requisitos que establece la ley local para la validez de los acuerdos internacionales.

"El Gobierno ha cumplido una de sus grandes prioridades. Valió la pena mantener la cabeza fría y afrontar este asunto con pragmatismo", señaló Fischer, que finalmente se plegó a los requisitos de Klaus para obtener de Bruselas una exención para la República Checa respecto a la Carta de Derechos Fundamentales.

De esta manera se eliminan, según el máximo mandatario, los riesgos de reclamaciones de propiedad por parte de los antiguos pobladores de habla alemana de los Sudetes, expulsados tras la Segunda Guerra Mundial.

"El último obstáculo en el camino del Trato de Lisboa ha sido eliminado", afirmó el primer ministro sueco y presidente de turno de la UE, Fredrik Reinfeldt, en un comunicado hecho público poco después, en el que se anuncia su entrada en vigor para el próximo 1 de diciembre.

"Para finalizar la preparación del Tratado comenzaremos ahora las consultas sobre los candidatos (a los nuevos cargos contemplados por el Tratado). Tan pronto como sea posible convocaremos también una cumbre europea", señala.

El tratado crea dos nuevos cargos, el de presidente estable del Consejo Europeo y el de Alto representante para la política exterior y vicepresidente de la Comisión Europea.

Además, los Veintisiete tienen que proponer al ya elegido presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, los nombres de los comisarios europeos que integrarán su nuevo equipo, un nacional de cada país, incluido el Alto representante.

Corresponde a Barroso, de acuerdo con los gobiernos y los elegidos, distribuir las carteras.

En la próxima cumbre, que previsiblemente se celebrará a mediados de este mes de noviembre, los Veintisiete tendrán que elegir los nuevos cargos.

En particular, una vez que se despeje la incógnita de quién será el futuro Alto representante y vicepresidente de la CE Barroso podrá encajar el resto de las piezas del Ejecutivo europeo.

Así lo ha reconocido el presidente de la CE, quien ha manifestado que "ya está abierto el camino para las consultas" sobre los candidatos a ocupar los nuevos cargos comunitarios. "Esto, a su vez, permitirá iniciar el proceso de nombramiento de la nueva Comisión", explica en el comunicado.

El nuevo tratado, firmado en diciembre de 2007 como sustituto de la malograda Constitución europea, ha vivido momentos de particular tensión, sobre todo cuando fue rechazado en referendo por la República de Irlanda, que más adelante lo aprobó en otro plebiscito.

En su articulado, introduce nuevas reglas de voto en la UE, reduce las decisiones por unanimidad, refuerza los poderes del Parlamento Europeo y potencia la política exterior y la acción europea en los ámbitos de justicia e interior.